Introducción

En el imaginario colectivo, la figura del “subversivo” suele asociarse a la de un hombre revolucionario. Es él quien, por su compromiso social, habría sido el objetivo principal del terrorismo de Estado, es por esta razón que se indagó acerca de estos sesgos mediante el estudio de fuentes testimoniales. La coyuntura actual y el auge de movimientos sociales, entre los que se encuentra el feminismo, posibilitaron la profundización del estudio de esta problemática, originándose preguntas tales como ¿quiénes eran estas mujeres?, ¿qué roles cumplían?, ¿qué motivaciones las llevaron a querer cambiar la sociedad en la que vivían? En este trabajo se buscó dilucidar si su detención se originó por haber asumido un rol político dentro de las distintas organizaciones de la época y/o por el mero hecho de haber compartido algún tipo de vínculo con hombres pertenecientes a la militancia popular. La disciplina arqueológica en las últimas décadas aportó herramientas teóricas y metodológicas para la investigación de hechos ocurridos en contextos de represión y violencia política a nivel internacional (FUNARI y ZARANKIN, 2008; ZARANKIN, 2019). En este marco se trabajó con archivos de testimoniales de un juicio de Lesa Humanidad para abordar una serie de interrogantes sobre las convicciones políticas y la militancia del grupo de mujeres que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio (en adelante CCDTyE) conocido como Arsenal Miguel de Azcuénaga que funcionó en la provincia de Tucumán a partir de 1976.

Como objetivos generales se propuso visualizar y registrar las características particulares de las mujeres sobre las que se centra este trabajo, como: sus motivaciones, pertenencia a determinado grupo social o político y/o profesión en los casos que fuera posible. También se propuso identificar las categorizaciones con las que fueron nombradas estas mujeres durante su cautiverio y, por último, romper con esos estereotipos sexistas en los que se basa la comprensión del pasado, visibilizar a este grupo de mujeres dentro del ámbito socio-político de los ’70 y eliminar los apriorismos androcéntricos que han sido utilizados para la construcción del discurso sobre el pasado.

Desde la década de 1980, las y los arqueólogos latinoamericanos se interesaron por investigar las consecuencias que produjeron las dictaduras en el cono Sur americano, no solo centrándose en la exhumación y análisis de personas víctimas de genocidio, sino también en la recuperación y reconstrucción de aquellos lugares utilizados como centro clandestino de detención (en adelante CCD) (ZARANKIN y SALERNO, 2008). Los estudios sobre terrorismo de Estado desde una perspectiva arqueológica no solo refieren al estudio de los centros clandestinos como única materialidad posible, sino que también se encuentra fuera de ellos, como expresiones de esas relaciones de dominación y resistencia. En este marco es que se inserta el análisis de las fuentes escritas en el contexto de dictaduras militares latinoamericanas.

El despliegue represivo llevado a cabo durante la última dictadura se estableció por medio de órdenes, actas y comunicaciones que inevitablemente fueron transcriptas en papel como soporte. Actualmente, este material se encuentra fragmentado y solo una parte pudo ser recuperada^[1]. Además, se debe tener en cuenta que las Fuerzas Armadas (en adelante FFAA) dificultaron sistemáticamente el acceso a registros de información existentes -entre los que se encontraban papeles, expedientes y legajos- y se negaron a aportar información sobre los mismos y sobre el destino de las personas que actualmente se encuentran desaparecidas. Es a partir del trabajo de la CONADEP y luego de los testimonios que los sobrevivientes prestaron en los juicios que se tuvo un panorama claro acerca de la represión sufrida durante la Dictadura Militar de 1976 en Argentina. Esto se afianzó con el accionar de organismos de DDHH, con la lucha de Madres de Plaza de Mayo y familiares, con la teorización e investigación de profesionales de diversas áreas y con políticas de Estado que tenían como fin el esclarecimiento de estos crímenes de lesa humanidad (DA SILVA CATELA, 2014). Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es que los testimoniales cobran relevancia a la hora de realizar una investigación.

La utilización del concepto “fuente” en este trabajo incluyó a los testimonios volcados en los expedientes obtenidos durante el juicio de Lesa Humanidad caratulado como “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán s/secuestros y desapariciones”. En conjunto se adjuntó la información obtenida de publicaciones como el “Nunca Más”^[2] y el “Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones de los Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán”^[3], publicadas en 1984 y 1986 respectivamente.

Contexto histórico

Durante el siglo XX, América latina experimentó una larga etapa caracterizada por conflictos y revueltas sociales que fueron contestadas desde el Estado con represión y violencia. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien quedó al mando del país tras la muerte del entonces presidente, Juan Domingo Perón. De esta forma, la República Argentina que experimentó años convulsos con golpes de Estado^[4] anteriores, una aguda crisis económica y social que se manifestaba en una inestabilidad política y la presión de los sectores populares para conseguir mejoras salariales asociado a movimientos huelguísticos intensos (IZAGUIRRE, 2009), comenzó una de las etapas más violentas y nefastas de su historia. Se calcula que entre 1975 y 1983 funcionaron alrededor de 762^[5] CCDs en Argentina, encontrándose un gran número de ellos destruidos u ocultados por las Fuerzas Armadas.

La instauración del terrorismo de Estado se relaciona con la Doctrina de Seguridad Nacional (en adelante DSN) que entró en vigencia en la década de 1960 en toda Latinoamérica, pero se institucionalizó en Argentina en la década de 1950 con el Plan Conintes durante el segundo gobierno de Perón (1951-1955), el cual provocó la represión estatal en las huelgas. Luego, durante el gobierno de Frondizi (1958-1963) el plan se perfeccionó creando organismos que permitieron declarar zonas militarizadas a los principales centros industriales y realizar allanamientos y detenciones (ARTESE Y ROFFINELLI, 2009). Es en estas circunstancias que la DNS aparece en escena, no solo en Argentina sino también en el resto del continente por medio de las Reuniones de Ejércitos Americanos, difundiéndose entre militares y expandiendo una visión centrada en la “guerra contra el comunismo” como lo proponía Estados Unidos. Esta perspectiva le otorgó calidad de “enemigo” no solo a los movimientos revolucionarios sino también a todo movimiento populista, religioso o indígena que quisiera transformar el orden social en pos de condiciones igualitarias (FEIERSTEIN, 2009).

La DSN estableció que el enemigo a vencer era un adversario ideológico, con ideas contrarias al “ser nacional, occidental y cristiano”, un enemigo que se encontraba puertas adentro, mimetizándose con la población civil y al que había que exterminar por el bien de la sociedad (ARTESE Y ROFFINELLI, 2009). Entre ese enemigo que pasó a llamarse “subversivo”, se encontraba cualquier persona que no coincidiera con los valores cristianos, que intentara destruir la paz social y el orden de la Nación. Se definía además como una persona perteneciente a las fuerzas revolucionarias o militancias populares que, si bien podía pertenecer a grupos con diferentes ideologías, compartían como meta el “cambio social” se haya manifestado este de manera explícita o implícita. Por su parte, las FFAA asumieron entonces como objetivo principal a la “guerra antisubversiva” cuyo enfrentamiento tuvo escenario fundamentalmente fronteras adentro (IZAGUIRRE et al, 2009). Así, el enemigo subversivo se convirtió en un delincuente al que hay que castigar, justificando el accionar violento y represivo que utilizaron las Fuerzas Armadas para destruirlo (FEIERSTEIN, 2009).

La Dictadura Militar en Argentina, que contó con la sucesión de cuatro juntas militares, permanece en el poder hasta diciembre de 1983 estableciendo la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad. Además, impuso la clausura del Congreso Nacional, el reemplazo de los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces que respondían al nuevo régimen, el allanamiento e intervención de sindicatos y universidades junto con el cierre de carreras, la prohibición de toda actividad política y una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación^[6]. Asociado a esto, se estableció la constante violación de los derechos humanos, el disciplinamiento de los trabajadores, la apropiación de niños recién nacidos y el exilio de quienes eran opositores y tuvieron la posibilidad de escapar del país. Los gobiernos provinciales también fueron intervenidos y los cargos o posiciones de poder se repartieron entre miembros de las Fuerzas represivas.

En siete años se produce de manera sistemática la persecución, secuestro con su posterior desaparición y asesinato de integrantes de movimientos y organizaciones sociales, profesionales de diferentes disciplinas, civiles, militantes de partidos de izquierda y partidos no afines al gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas en Argentina intentaron instaurar en el país un nuevo orden económico y social, en concordancia con el resto de los países sudamericanos que ya se encontraban atravesando dictaduras militares para esa época. Es a través del plan CONDOR que Argentina, junto con Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil, logró coordinar un operativo de acción y apoyo internacional para disciplinar a la sociedad por medio del terror, promoviendo la persecución, secuestro y tortura a militantes de todo el Cono Sur mediante el apoyo y asesoramiento de Estados Unidos.

Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga

La provincia de Tucumán se caracterizó por ser el laboratorio de ensayo de las prácticas represivas antes de 1976, experiencia que luego se dispersó al resto del territorio nacional, desmantelando y aniquilando a las fuerzas populares (IZAGUIRRE, 2009). Este plan que comenzó en febrero de 1975 con el llamado “Operativo Independencia” tuvo como objetivo principal atacar a la clase obrera asalariada, contando con el apoyo de gran parte de la sociedad: políticos, eclesiásticos, gremialistas y empresarios. Las dos primeras etapas de este operativo quedaron a cargo de los generales Adel Vilas y Delía Larroca quienes asumieron el mando de la 5ta Brigada y del III cuerpo del ejército hasta diciembre de 1975, tiempo en el que ascendió el General Antonio Domingo Bussi. El accionar del ejército en ese momento estuvo dirigido a sofocar la guerrilla por medio del control de las poblaciones rurales, cortando los posibles contactos con los focos guerrilleros (CATTANEO et al, 2019).

La base de operaciones para el año 1975, desde donde las FFAA dirigieron la represión y las tareas de inteligencia, estaba ubicada en la localidad de Famaillá al Sur de Tucumán en el CCD conocido como “Escuelita de Famaillá”. En marzo de 1976, la base se trasladó al Arsenal Miguel de Azcuénaga pudiendo deberse esto no solo al cambio de mando dentro de las fuerzas -primero con Vilas y luego con Bussi- sino también a que pertenecían a escuelas diferentes de formación (CATTANEO et al., 2019). Es durante la gestión de Bussi (1975-1977) que aumenta significativamente el número de CCDs en la provincia y el 70% de los desaparecidos corresponden a este período (ARENAS et al, 2003). Tucumán además cuenta con una cifra alta de bajas antes del Golpe de 1976 comparada con la nacional, siendo esta un 37,6% ante una media nacional de un 16,2%. Pero además presenta una proporción más alta de bajas ilegales bajo la forma de desapariciones previas a la dictadura: un 73,6% frente a una media nacional del 39,9% (IZAGUIRRE et al, 2009).

Según el Registro único de Víctimas del Terrorismo de Estado (2015), hasta el momento fueron identificados 61 CCDs en la provincia, ocupando espacios tanto privados como públicos o estatales, pudiéndose mencionar entre ellos destacamentos policiales, dependencias militares, establecimientos escolares, espacios pertenecientes a ingenios, entre otros (JEMIO, 2020). El CCDTyE sobre el que se centra el trabajo se encuentra ubicado en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga perteneciente a la 5ta. Brigada de Infantería del Ejército, sobre ruta nacional 9, aproximadamente a unos 5 km al Norte de San Miguel de Tucumán; más específicamente en la localidad de Las Talitas. La denominación del lugar como CCDTyE corresponde a que dentro de ese predio estuvieron presentes todas las etapas desplegadas por las Fuerzas Armadas para su plan represivo. Aparece ya mencionado tanto en el informe de la CONADEP como en el de la Comisión Bicameral. Siguiendo a la Comisión Bicameral (1983): “Alojó “masivamente” a “desaparecidos”. Diversos testimonios coinciden en que la capacidad “prevista” habría sido de 80 personas, aumentando este número cuando se alojaba a las víctimas en los “pasillos”^[7]. Fue identificado por los sobrevivientes y por los testimonios de un ex gendarme que había realizado tareas durante su funcionamiento^[8].

El Arsenal se ubica dentro de un predio de gran extensión perteneciente al Tercer Cuerpo del Ejército desde mediados de 1900 y que fue utilizado como campo de pruebas y como arsenal de armas y municiones hasta 1975 (Del Bel et al, 2020). Con la asunción de Bussi en 1976 su funcionalidad cambia y pasó a ser el lugar donde se interrogó, torturó y ejecutó a personas detenidas que provenían de otros CCDs, como ser EUDEF^[9], la base de Santa Lucía, Jefatura e incluso de centros correspondientes a otras provincias^[10]. Intervenían el Destacamento de Inteligencia 142 conjuntamente con jefatura de Policía y con el “Puesto de Comando Táctico” del ex ingenio Nueva Baviera (CATTANEO et al., 2019). El Galpón nº 9, como también se lo conoce, formó parte de un circuito de polvorines en donde se almacenaban armas y municiones y que por lo tanto contaba con una estructura arquitectónica acorde para tal fin. El Galpón contaba con un acceso vigilado por un puesto de guardia del personal de Gendarmería cuyo ingreso se situaba en un camino alternativo de tierra, ubicado a 830 m al Norte del acceso oficial del Arsenal (DEL BEL at al., 2020). Arquitectónicamente es una construcción rectangular de 18.7 m de largo por 9.8 m de ancho dividido por un techo a dos aguas, que en su reutilización como CCD presentaba un perímetro delimitado por alambrado y una torre de madera al Este para la vigilancia y control en el acceso al mismo.

Los sobrevivientes mencionan la existencia de un baño de mampostería y madera y tres casillas prefabricadas en donde se producían las torturas. Dentro del Galpón se encontraba un tabique de material que dividían a la construcción en dos partes o secciones, cada sección a su vez estaba dividida en 46 compartimentos que correspondían cada uno a una celda de aproximadamente 80 cm de ancho por 1,50 m de fondo separadas por tabiques de más o menos 1,20 m de alto (ZURITA et al., 2019). El acceso estaba dado por dos puertas ubicadas en el frente Oeste de la construcción. A partir de las investigaciones realizadas por el LIGIAAT, se pudo identificar postes talados que indicaban la presencia de un tendido eléctrico que se extendía desde la Ruta nº 9 atravesando todo el camino de acceso utilizado por el personal y los detenidos. Este hallazgo evidenció además la intencionalidad de desmantelar el tendido y ocultar la funcionalidad del lugar durante mediados de los 70. A principios de 2011, análisis químicos del suelo realizados en un sector ubicado a 100 m del Galpón nº 9 evidenciaron restos óseos y piezas dentales fragmentadas sometidas a altas temperaturas. Motivo por el que se procedió a descubrir el terreno a través de una excavación que determinó la presencia de cinco fosas de inhumaciones clandestinas; las mismas consistían en pozos realizados con máquina retroexcavadora y posteriormente rellenados. El relleno estaba compuesto por restos óseos fragmentados, evidencias de incineración y materiales asociados como ser proyectiles (DEL BEL et al, 2020). A fines de ese año, se recuperaron cuerpos articulados en su mayoría de los cuales 13 fueron identificados por el EAAF.

Historia de Militancias

Si bien este trabajo se centra en aquellas mujeres que estuvieron detenidas y/o desaparecidas desde 1976 en el Arsenal, hay que entender que esta historia de militancias refiere a años previos al último golpe de Estado en Argentina. Momento que fue marcado por una profunda crisis política, económica y social y que en Tucumán va a tener mayores consecuencias. Estos eventos convulsos van a generar tensiones y resistencias por parte de grupos estudiantiles, obreros y demás sectores populares que se oponían a aquellas medidas que afectaban gravemente al total de la población (KOTLER, 2007; NASSIF, 2010; NASSIF, 2012; CATTANEO, 2016).

Es a partir de la década de 1960 que las mujeres, al menos en Tucumán, se incorporaron con mayor notoriedad al espacio político integrando los diferentes movimientos estudiantiles, universitarios y agrupaciones políticas (NASSIF Y OVEJERO, 2013). Esta irrupción de las mujeres en el movimiento social estuvo dada por una mayor presencia de mujeres en la universidad para esa época y su participación en la política estudiantil asociado a momentos en donde la liberación sexual cobraba notoriedad por la aparición a nivel mundial de la píldora anticonceptiva, la lucha por el aborto, el “flower power”, nuevos estilos musicales y cuestionamientos a la sociedad burguesa y cristiana tradicional relacionados a la concepción de la familia y el rol de la mujer en el ámbito doméstico. Para este momento la estructura familiar tradicional se transformó debido a que las mujeres comenzaron a ocupar puestos de trabajo, colaborando en la economía familiar (SANCHEZ Y FEIJOO, 2007). A nivel nacional, este proceso se cristalizó en la década siguiente con la aparición de diversos espacios feministas como la Unión Feminista Argentina (UFA) en 1970, el Movimiento de Liberación Femenina (MLF) en 1972 y la Asociación para la Liberación de la Mujer Argentina (ALMA) en 1974. Por otro lado, diferentes partidos de izquierda contaron con sus respectivos frentes feministas como es el caso de Muchacha perteneciente al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) o el Movimiento Feminista Popular del Frente de Izquierda Popular (FIP). También se hicieron presente grupos de mujeres que no solo integraron las organizaciones político-armadas, sino que además tuvieron un rol importante en la conformación de las mismas (ANDÚJAR et al., 2009). Las mujeres formaron parte de los diferentes movimientos huelguísticos, como por ejemplo: la experiencia mendocina con la participación de mujeres dentro del Sindicato de Obreros y Empleados Públicos (Rodríguez Agüero, 2019) y los “Seminarios Educativos” con la presencia de maestras en 1973 (CIRIZA Y RODRÍGUEZ AGÜERO, 2015); y en el Primer y Segundo Villazo en 1974 y 1975 (SANCHEZ Y FEIJOO, 2007). En cuanto a Tucumán, es importante destacar la participación de las mujeres azucareras en las huelgas donde los obreros de la FOTIA discutían condiciones laborales y rechazaban la mecanización en la producción azucarera. Las mujeres tuvieron un rol sustancial en este proceso debido a que participaron de esas movilizaciones, como es el caso de Hilda Guerrero de Molina, quien es asesinada en una huelga en 1967 (NASSIF, 2017). Si bien los estatutos de la FOTIA hasta el año 1969 no prohibían la participación de las mujeres, tampoco las mencionaba o las hacía parte (NASSIF, 2021). Nassif menciona en su trabajo que tanto hombres, como mujeres, niñas y niños participaban de las labores en el surco, sin embargo, era únicamente el hombre quien recibía un salario por ello, invisibilizando así las tareas llevadas a cabo por el resto de la familia.

El Informe de la Comisión Bicameral cuenta con una lista de miembros de la comunidad universitaria desaparecidos en donde se encuentran estudiantes del ámbito secundario y universitario, docentes, graduadas y graduados secundarios y universitarios y no-docentes. Tomando lo volcado en el mismo se despliega lo siguiente: de las 158 personas que se encuentran en carácter de desaparecida/desaparecido hasta el momento de la presentación del informe, el 24,7 % corresponde a mujeres (N: 39). De ese número, 18 estuvieron en el Arsenal y el resto estuvo secuestrada en otros centros clandestinos o no se sabe su paradero hasta el momento de la publicación. Del informe también se extrae que la edad de las secuestradas representadas en ese cuadro varía entre los 18 a 38 años y que eran egresadas de las escuelas experimentales correspondientes a la UNT, a las distintas Facultades y varias profesionales en donde figuran medicina, arte y psicología. Al incorporar además la información proveniente del informe de la CONADEP vemos que a nivel nacional el 30% de las personas desaparecidas corresponde a mujeres, saliendo de ese total un 10% que refiere a mujeres embarazadas. Cierto es que la información obtenida corresponde al año 1984 para la CONADEP y 1986 para el Informe de la Comisión Bicameral, surgiendo nueva información al respecto y completándose a lo largo de estos años a partir de nuevos testimonios, denuncias y juicios. Sin embargo, es importe tenerla como referencia ya que sirve como primera aproximación y corresponden a publicaciones de gran relevancia a nivel nacional y provincial respectivamente.

En el trabajo se analizaron 30 testimonios: 15 de ellos concernientes a ex detenidas y 15 a familiares de mujeres que se encuentran actualmente en calidad de desaparecidas. En total los testimonios hicieron referencia a 28 mujeres. Poniendo especial atención a los datos relevados del fallo, se desprende la siguiente información:

Actividades y formación del grupo de mujeres

Al analizar la información del fallo podemos ver que del total de las 28 mujeres que se tomaron para esta investigación, 8 (28,57%) eran estudiantes, 14 (50%) ya eran profesionales, 1 no contaba con estudios y no sabe leer ni escribir (3,57%), 1 sola de ellas era empleada de comercio (3,57%) y de 4 no se obtuvieron datos (14,28%). La TESTIGO 1 declara al respecto: “Dijo que era estudiante universitaria en los años 70 en la facultad de arquitectura de la UNT. Que fue secuestrada, torturada, mansillada, en el mes de septiembre.”. Otras detenidas relatan: “[…]que en el 75 estaba en el conservatorio de arte dramático y en el 76 estudiaba en la facultad de Filosofía y Letras”^[11], “Dijo que A. ese día tenía que arriar la bandera, era muy buena alumna. La noche anterior al secuestro le estaba preparando la ropa para que arriara la bandera”^[12]. En cuanto a las profesionales, se destacan las docentes primarias y del ámbito universitario: “Era profesora de ciencias de la educación, trabajaba en la Escuela Normal de la ciudad de Tucumán y de Simoca. […] (al momento del secuestro) Se llevaron libros, apuntes”^[13], “era directora de la Escuela Benjamín Villafañe […] anteriormente ella era maestra de una escuela en el canal norte que funcionaba en una prefabricada.”^[14].

Militancia y vida política

Respecto a las pertenencias políticas, el 64,28% (N: 18) indicaron pertenecer a algún partido o tener una ideología política militante, el 7,14% (N: 2) refirieron tener ideales políticos, pero no una militancia de base, el 3,57% (N: 1) mostró no tener pertenencia política alguna y no se obtuvieron datos del 25% (N:7). Con respecto al rol de las mujeres, a partir de los testimonios es posible ver que las mismas participaban activamente al interior de las organizaciones. La TESTIGO 25 habla de su militancia y participación en la universidad. Al respecto la testimoniante dice: “[…] corría el año 1976 y yo tenía 24 años de edad, cursaba el cuarto año de arquitectura […] en esa época de disturbios, contradicciones por la reforma del plan de estudios en la facultad, había asambleas, tomas de facultad, yo leía el diario “El Combatiente”, una revista de izquierda, como muchos estudiantes”. “Que también en 1973, la dicente participó en un congreso Nacional denominado FAS (Frente de Agrupaciones Socialistas) realizado en Presidente Roque Sáenz Peña –Provincia de Chaco-, habiendo sido acompañada por la arquitecta G.R. y otra amiga de quien no recuerda el nombre”. Como este, hay varios relatos que se manifiestan en otros testimonios: “Dijo que ambas hermanas militaban en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), pero su hermana no era militante activa sino la declarante.”^[15], “Militaba junto a otros integrantes de su familia en el Partido Comunista”^[16], “Relató que M. tenía militancia, ya que el contexto universitario en el que estaban había mucha participación política”^[17], “[…] militancia en una agrupación universitaria de izquierda. […] Tenía una vida públicamente vinculada a la actividad política estudiantil. […] La declarante como pertenecía además de a FAUDI, al Partido Comunista Revolucionario, tejió una historia que cerraba dentro del ámbito estudiantil silenciando su actividad en el PCR.”^[18]

La militancia en la década de los 70 se caracterizó, entre otras cosas, por militar en pareja. Marta Vasallo (2009) indica que esto también fue posible debido a que la incorporación de las mujeres en la vida política tomó mayor relevancia y hubo un porcentaje estimado de entre 30 y 35% de participación femenina. Incluso fue objetivo de algunas organizaciones incorporar a las compañeras o esposas de los militantes para no obstaculizar la militancia de los varones (ANDÚJAR, 2009). Es así, que la pareja de un varón y una mujer se constituía como la “célula básica” en una organización, una pareja con coincidencia política era idealizada y promovida (VASALLO, 2009). El testimonio de una familiar de detenida-desaparecida cuenta “Agregó que A. se casó con Hugo y que compartía junto a sus otros primos inquietudes que no eran iguales a las de otros chicos de su edad, y que se juntaban a leer y pensar cómo hacer un mundo mejor”.

Por otro lado, la TESTIGO 25 expone en su declaración que en esa época tenía un auto de marca Citroën, el cual se lo presta a un matrimonio que estudiaba arquitectura para transportar algo que es secuestrado al momento de interceptarlo militares. El auto no vuelve a aparecer y da a entender que esa pareja es también secuestrada. A pesar de todo lo expuesto, el haber estado en pareja o en concubinato no siempre significó el secuestro de ambas personas. En este sentido, el TESTIGO 19 quien era esposo de una detenida-desaparecida cuenta acerca del secuestro:

[…] luego se acercó una persona con una gorra que le cubría la cabeza, de baja estatura y que tenía alrededor de 50 años quien parecía que era el que dirigía, ese tipo, le dijo a su esposa que se vistiera porque iría a un lugar muy frío; cuenta que su esposa estaba trémula ante la situación, que la acusaban de pertenecer a un grupo muy importante que militaba en se momento. [...] Contó que él les pedía que no le hicieran nada a su esposa que se lo hicieran a él porque ella tenía que cuidar los hijos, que lo llevaran a él si querían llevar a alguien, que no lo escuchaban y que todo terminó cuando le ataron las manos con los pañales de uno de sus hijos para que no se moviera y le pusieron una ropa interior en la cabeza.

El TESTIGO 18 también declara por su esposa que se encuentra hasta el día de hoy en carácter de desaparecida: “Dijo que el 28 de mayo del 76, como a las dos de la mañana, golpearon la puerta y el declarante abrió y entraron un montón de personas encapuchadas y le taparon la cara para que no viera y se la llevaron a su esposa; recuerda que la llevaron vestida”.

Lugar de residencia

El mayor porcentaje correspondió a mujeres que residían en San Miguel de Tucumán, siendo un 57,14% (N: 16), con respecto a mujeres que residían al interior de Tucumán se dilucidó que el porcentaje llegó a 32,14% (N: 9) y relacionado a aquellas pertenecientes a otras provincias y que son trasladadas al Arsenal el número fue de 10,71% (N: 3).

Edades de las mujeres secuestradas

Se dividió el rango etario en tres franjas sumando como categoría a aquellas en las que este dato no se encuentra presente. De esta manera, la información quedó repartida de la siguiente forma: el rango 1 correspondiente a aquellas mujeres de entre 15 y 30 años alcanzó el 53,57% (N: 15), el rango dos de 31 a 45 dio 10, 71% (N: 3), el rango 3 relacionado a mujeres de entre 46 y 60 años llegó a 7,14% (N: 2). Finalmente, el 28,57% (N: 8) correspondió a mujeres en las que no se pudo corroborar este dato. De esta manera, la información aportada por el Informe de la Comisión Bicameral se amplía y el rango etario pasa a ser de 18 – 38 años a 15 – 60 años.

Un Continuum de Violencia

El terror vivenciado por las mujeres en la dictadura y la violencia ejercida sobre ellas no emergen como algo completamente nuevo, sino que más bien se entienden como una continuación de su experiencia siendo mujeres en una sociedad patriarcal; no hay un corte o ruptura en el trato que recibían antes de 1976 sino que se ve magnificado o potenciado dentro de los CCD. Fueron mujeres que además de escapar de los mandatos cristianos de ser buenas esposas y amas de casa, son personas crueles y peligrosas por realizar actividades que solo les competen a los varones (militar o participar en algún grupo u organización). Hay además un componente misógino en donde son menospreciadas y tratadas como si fueran seres inferiores al hombre. Es el caso de la TESTIGO 25 que bien lo explica: “[…] en la tortura cuando me sacaron me decían si quería verlos, respondí que no, me trataron de boluda, de idiota útil, tan bella a los 23 años te dejaste usar, tonta con familia tan bien en buena posición económica, próxima a recibirse […]”. Ese ninguneo constante por la formación o participación de la estudiante, ese “te dejaste usar” que refleja claramente que los torturadores no la veían con capacidad de decisión sobre sus actos demuestra el menosprecio sufrido por las detenidas. “[…] preguntaban por O.P. que en ese momento yo salía con él y era dirigente del comedor universitario. Lo del auto parece que conocían todo porque decían que boluda que era al regalar un auto a los subversivos […]” “una vez me apagaron un cigarrillo en la cara, quemándome la mejilla y dejándome una ampolla en carne viva, la voz fue la misma que oí cuando me secuestraron, “boluda”, que era lo que siempre escuchaba”. El rebajamiento y los malos tratos por las detenidas también se vio manifestado en otras secuestradas: “le decían “cómo habrás sido de puta para meterte con este guerrillero”^[19], “decían “abran paso, subversiva peligrosa”, la sacaron esposada y afuera le pusieron vendas en los ojos”^[20]. Otra de ellas recuerda que “[…] mientras la violaban le decían hija de puta, guerrillera, nunca más vas a tener hijos y que había un tal Roberto que cantaba”^[21].

Rodríguez Agüero (2019) identifica estas conductas con una “revancha patriarcal” que implicó un freno a la “subversión” no solo a través de la desarticulación de esas ideologías opuestas a las Fuerzas Represivas sino además con la imposición de un modelo de sociedad cristiano, que era garante de la familia tradicional y defensor acérrimo de los roles de género. Es tal el grado de complicidad que hubo entre los represores y la Iglesia católica que varios testimonios hablan de la presencia de un capellán en el Arsenal^[22] que habitualmente transitaba por este centro clandestino. Esta connivencia denota que desobedecer esas reglas las hizo merecedoras de las torturas y castigos, una suerte de “correctivo” por haberse desviado de lo que consideraban como ideal femenino: una mujer de bien con principios cristianos.

Conclusiones

A comienzos de este trabajo se proponía la revisión de ciertos postulados que predominan en el imaginario colectivo cuando se habla de las mujeres detenidas-desaparecidas. Con toda la información desarrollada en estas páginas es posible afirmar que las mujeres tuvieron un rol activo dentro de las organizaciones sociales entre la década de 1960 y 1970 en Tucumán, que llevaron a cabo gran parte de las tareas pero que eso no significó que hayan podido acceder a puestos de gran relevancia o a ser líderes en las mismas. Esa desigualdad de género al interior de las organizaciones no significó que no hayan sido secuestradas durante la última dictadura militar. Es posible afirmar además que las mujeres que estuvieron detenidas en el Arsenal Miguel de Azcuénaga no fueron secuestradas en razón de ser parejas o esposas de otros detenidos, los diversos testimonios expuestos y los datos estadísticos lo confirman. También puede afirmarse que el haber estado en pareja no fue un indicador necesario para el secuestro, es decir, de los datos obtenidos se desprende que varias mujeres con convicciones políticas fueron secuestradas mientras que sus esposos no fueron detenidos.

Dentro de este grupo de mujeres se encontraban empleadas, pero en mayor medida estudiantes secundarias y universitarias junto con profesionales, es a partir de este dato que se confirma que un gran porcentaje correspondía a mujeres que tenían una formación y una participación política que se vio en aumento, como se alega más arriba, desde la década de 1960. Sin embargo, no quiere decir que una vez secuestradas no hayan sido ninguneadas y menospreciadas por las Fuerzas Armadas que se desempeñaban en ese CCDTyE. Se pudo constatar además que las mujeres detenidas y/o desaparecidas en el Arsenal fueron castigadas doblemente: por no cumplir con el mandato patriarcal de ser amas de casa y criar a sus hijos y porque fueron partícipes de cuestiones políticas que solamente correspondían a varones. Es a través de esta lógica que son torturadas al igual que sus compañeros hombres.

Referências bibliográficas

ANDÚJAR, Andrea et al. De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina. Buenos Aires: Luxenburg, 2009.

ARENAS, Patricia et al. Arquitectura del terror: centros clandestinos de detención y disputas por las memorias en San Miguel de Tucumán, Argentino. Una primera aproximación. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, n. 20, 2003.

ARTESE, Matías y ROFFINELLI, Gabriela. Guerra y genocidio en Tucumán. 1975-1983. In: Inés Izaguirre (Org), Luchasde clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973 -1983. Buenos Aires: EUDEBA, 2009, p. 311-336.

CARBONELLI, Juan Pablo. La fuente escrita, espacio de confrontación. La zaranda de ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en arqueología, v. 6, 2010.

CATTANEO, Constanza. ¡A la huelga! El ‘último grito’ de los trabajadores del ingenio San Juan Tras la huelga de la FOTIA (1974). In: XI Seminario Internacional Políticas de la Memoria: Memorias Subalternas, Memorias Rebeldes, 4(5), 2007.

CATTANEO, Constanza; DEL BEL, Ezequiel; NEDER, Sofía y SALVATORE, Bruno. Las doctrinas militares: la represión política en Tucumán, Argentina (1975-1983). Kamchatka. Revista de análisis cultural, n. 13, 2019.

CIRIZA, Alejandra y RODRÍGUEZ AGÜERO, Laura. La revancha patriarcal. Cruzada moral y violencia sexual en Mendoza (1972-1979). Avances del Cesor, v. 12, n. 13, 2015.

COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGADORA DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. Informe la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones de los Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán. 1986.

COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS. Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de Personas. Buenos Aires: EUDEBA, 1984.

DA SILVA CATELA, Gilda Verónica Ludmila. Lo que merece ser recordado. Conflictos y tensiones en torno a los proyectos públicos sobre los usos del pasado en los sitios de memoria. Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, v. 1, n. 2, 2014.

DEL BEL, Ezequiel et al. El Arsenal Miguel de Azcuénaga (Tucumán, Argentina) como Centro Clandestino de Detención. Un abordaje interdisciplinario. Mundo de Antes, n. 14, 2020.

FEIERSTEIN, Daniel. Guerra, genocidio, violencia política y sistema concentracionario en América Latina. In: FEIERSTEIN, Daniel (Org), Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires: Prometeo y PNUD, 2009.

IZAGUIRRE, Inés. Lucha de clases, guerra civil y genocidio en Argentina (1973-1983): antecedentes, desarrollo, complicidades. Buenos Aires: EUDEBA, 2009.

JEMIO, Ana. La red de espacios de detención clandestina en Tucumán durante 1975. Mundo de Antes, v. 14, n. 2, 2020.

KOTLER, Rubén. El Tucumanazo, los Tucumanazos 1969-1972. Memorias enfrentadas: entre lo colectivo y lo individual. In:XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad De Tucumán, 2007.

NASSIF, Silvia. Obreros y estudiantes en el Tucumanazo de 1970. In. VI Jornadas De Sociología De La Unlp. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educación. Departamento de Sociología, La Plata, 2010.

NASSIF, Silvia. Conflictividad social en el Provincia de Tucumán durante la" Revolución Argentina”. El “Quintazo” o “Segundo Tucumanazo” de 1972. Revista Digital de la Escuela de Historia, v. 04, n. 07, 2012.

NASSIF, Silvia. Resistencia obrera y popular en Tucumán en los inicios de la dictadura de Onganía: asesinato de Hilda Guerrero de Molina y pueblada en Bella Vista. Trabajo y Sociedad, n. 29, 2017.

NASSIF, Silvia. Mujeres trabajadoras del azúcar: clase, género e identidad en el sur tucumano. HistoriaRegional, n. 44, 2021.

NASSIF, Silvia Gabriela y OVEJERO, Verónica. Mujeres Universitarias, militancia y vida cotidiana en Tucumán 1969-1972. Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis, v. 10, n. 1, 2013.

RODRÍGUEZ AGÜERO, Laura. “Las hijas del trueno”. Algunas notas sobre el carácter sexuado de la represión en Mendoza (1976). Revista Digital de la Escuela de Historia, v. 11, n. 27, 2019.

SANCHEZ, Ana y FEIJOO, Lucía. Feminismo y Socialismo en los ‘70: La experiencia de la izquierda socialista en el movimiento de mujeres. In:XI Jornadas interescuelas/departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de filosofía y letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2007.

VASALLO, Marta. Militancia y transgresión. In: ANDÚJAR, Andrea; D’ANTONIO, Débora; GIL LOZANO, Fernanda; GRAMMÁTICO, Karin y ROSA, María Laura (Org) De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina. Buenos Aires: Luxenburg, 2009.

ZARANKIN, Andrés. Los desafíos de las arqueologías históricas latinoamericanas. Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana, Año VIII, v. 9, 2020.

ZARANKIN, Andrés y SALERNO, Melisa. Después de la tormenta. Arqueología de la represión en América Latina. Complutum, v. 19, n. 2, 2008.

ZURITA, Ruy Diego et al. Arqueología Forense de un espacio de reclusión: Galpón N 9 del ex Centro Clandestino de Detención Arsenales, 1976-1978 (Tucumán, Argentina). In: ATALIVA, Víctor Hugo; GERÓNIMO, Aldo y ZURITA, Ruy. Arqueología forense y procesos de memorias. Saberes y reflexiones desde las prácticas. 1ra edición, Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, 2019.

Notas

Notas de autor